Ante corrupción, crimen y violencia, un aparato de seguridad rebasado

Con Información de KEVIN RUIZ
Posted on agosto 30, 2017, 9:14 pm

Para hacer frente al reguero de sangre causado por la violencia de grupos criminales, los mexicanos sólo tenemos un aparato de seguridad… rebasado.

Los primeros siete meses el incremento de la violencia se disparó a números alarmantes: 26,644 homicidios fueron registrados de enero a julio, de acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los homicidios dolosos alcanzaron niveles extremos con 16,152 personas asesinadas.

Este miércoles fue ejecutado al abandonar su domicilio David Santos Roldan, secretario municipal del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, que preside Jorge Toledo Bustamante. Foto: Twitter.

Este miércoles fue ejecutado al abandonar su domicilio David Santos Roldan, secretario municipal del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, que preside Jorge Toledo Bustamante. Foto: Twitter.

Y aunque julio presentó una baja de 152 casos -comparada con los 2,569 del mes de junio- ese mes registró 2,417 asesinatos.

El estado de Guerrero vuelve a tomar el primer lugar como la entidad más violenta de la República, al registrar mil 411 homicidios; le sigue el Estado de México con 1,362 casos y Baja California con 1,203.

Complementan el “top 5” Chihuahua, con 1,403, y Veracruz con 1,093.

Desde julio pasado, la organización Semáforo Delictivo advertía que el primer semestre de 2017 marcaba “el fracaso contundente de la estrategia de seguridad en el país con el incremento de los delitos de mayor impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos”.

Los números arrojados por el SESNSP superan, por mucho, el pronóstico poco alentador que Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, hacía sobre el incremento de la criminalidad.

A nivel nacional, 72% de estos homicidios son ejecuciones de crimen organizado, afirmó Roel al dar a conocer los resultados de seguridad en México al cierre del primer semestre del año.

“Este es indicador muy preciso de que la violencia de alto impacto se ha incrementado radicalmente, se ha extendido a todo el país y donde la autoridad ha sido totalmente rebasada”.

“De continuar así, cerraremos el año con más de 24 mil homicidios y más de 16 mil ejecuciones, y será el peor año de la historia reciente de México”, pronosticó Roel.

Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, una de las entidades azotada por la criminalidad, acudió a la reunión en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República.

Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, una de las entidades azotada por la criminalidad, acudió a la reunión en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República.

Ante este escenario, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) celebró su 42 Sesión Ordinaria.

El CNSP es el órgano superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es presidido por el Presidente de la República, e integrado por los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, el Procurador General, los Gobernadores, el Jefe del Gobierno, el Comisionado Nacional de Seguridad, y el SESNSP.

En el Palacio Nacional, el presidente, Enrique Peña, reconoció que el aparato institucional de seguridad está rebasado.

“Hay que reconocer que el diseño institucional vigente de descentralización en las labores de seguridad ha sido rebasado por los desafíos del siglo XXI. Mientras que las organizaciones criminales han adoptado avances tecnológicos y se han vuelto sumamente complejas, muchas instituciones locales de seguridad no han evolucionado”.

Destacó que las entidades federativas, en muchos casos, “no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente sólidos y confiables, y en el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones”.

“Hoy sabemos que la presencia de las Fuerzas Federales, por sí misma, genera tranquilidad en la población en las entidades federativas. Sin embargo, también sabemos que por definición este respaldo no puede ni debe ser permanente”, subrayó.

Mencionó que “la solución de fondo requiere que los gobiernos locales cumplan cabalmente con la responsabilidad de fortalecer sus instituciones de seguridad y de procuración de justicia. En esta tarea han contado y seguirán teniendo el amplio respaldo del Gobierno de la República”.

Peña Nieto presumió que durante su gestión se han invertido más de 70 mil millones de pesos en apoyos a estados y municipios, a través de diversos fondos y subsidios federales destinados a la seguridad.

“Además, se han entregado más de 6 mil 500 millones de pesos para la construcción de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que están al servicio de los estados, así como para la consolidación, y en algunos casos creación de las unidades estatales contra el secuestro”, afirmó Peña.

En este contexto, especialistas del laboratorio de políticas públicas Ethos revelaron a principios de agosto que a pesar de que el gobierno mexicano destina el 1.4% del gasto total federal para la seguridad interior del país, México sigue siendo uno de los países más violentos del mundo con una tasa de 15.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, además de tener la tasa más alta de delitos no denunciados o sin averiguación previa del continente americano, con 94%.

Los especialistas destacaron que la no denuncia de delitos se deriva de la desconfianza e ineficacia de las instituciones de procuración de justicia, y coloca al país por encima de El Salvador (90%), Brasil (80%), Ecuador (80%) y Colombia (76%).

Operativo de la Policía Federal con helicópteros Black Hawk y Mil Mi-17. Foto: Policía Federal.

Operativo de la Policía Federal con helicópteros Black Hawk y Mil Mi-17. Foto: Policía Federal.

De 2008 a 2015, el gasto público federal en materia de seguridad pasó de 27,259 millones de pesos a 43,957 millones invertidos principalmente en las corporaciones policiacas.

Incrementaron el número de elementos policiacos, la Policía Federal creció de 11 mil 633 elementos en 2006 a 43 mil 724 en 20015, con un promedio en salarios mensuales de 15 mil 817 en 2010 a 20 mil 552 en 2015, pero “sus capacidades de persecución y prevención del delito siguen siendo limitadas, no hay estrategia de prevención del delito, hay una ineficacia y opacidad en las transferencias federales en seguridad y hay poco personal en procuración y administración de justicia eficiente”, consideró Liliana Alvarado, directora de Desarrollo Económico y Social de Ethos.

El resultado de la investigación de Ethos coincide con la apreciación de Santiago Roel, quien señaló:

“Muchos señalan que el problema de la inseguridad se debe a la corrupción que impera en el país y esto es correcto, pero no debemos confundir la corrupción ordinaria con la corrupción de alto impacto que implica el colapso total de la autoridad y la proliferación de mafias que se nutren del narcomenudeo y luego se extienden a otros delitos y otros mercados. Esta es la corrupción del ‘plata o plomo’ y es sumamente peligrosa; es un efecto directo de la prohibición de drogas y no podremos reducirla si primero no quitamos ese negocio a las mafias y a los narco-políticos”.

Pero Peña insiste en la misma estrategia y no anunció un cambio de ruta, como lo demandan diversas voces.

Resaltó que “fortalecer a las corporaciones de seguridad estatales y municipales es hoy más importante de lo que era hace unos años. El fenómeno delictivo se está transformando. El combate al crimen organizado ha tenido importantes resultados en debilitar la estructura operativa y financiera de los grandes cárteles, pero esto, a su vez, ha derivado en nuevos retos en el ámbito local”.

“El avance de la seguridad pública debe estar acompañado, necesariamente, de un sistema de procuración e impartición de justicia de calidad, ágil y eficiente. De ahí la importancia del Nuevo Modelo de Justicia Penal, que representa una de las mayores transformaciones en nuestra vida jurídica en los últimos 100 años”, dijo el Presidente, quien añadió que, como toda gran transformación, se requiere de tiempo, esfuerzo y compromiso permanente para que este Nuevo Modelo de Justicia Penal muestre completamente sus beneficios. “Implica ajustar y perfeccionar el modelo durante la aplicación del mismo”.

Durante su participación en la reunión del CNSP, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio subrayó que “el Consejo debe continuar dando pasos firmes para potenciar las capacidades del Estado más allá de lo inmediato, y así, construir una seguridad de alcance nacional, pero, sobre todo, con mejores bases en lo local”.

El aún candidato del PRI a la gubernatura mexiquense, Alfredo del Mazo, hizo acto de presencia en Palacio. Foto: Presidencia de la República.

El aún candidato del PRI a la gubernatura mexiquense, Alfredo del Mazo, hizo acto de presencia en Palacio. Foto: Presidencia de la República.

Puntualizó que “más allá de cambios coyunturales en el fenómeno que se nos ha encomendado atender, la hoja de ruta es una sola: construir, reforzar y ampliar de manera sostenida las capacidades del Estado. Así, las acciones que se concreten en el presente serán el mejor activo para la seguridad de nuestras comunidades” y del país.

En diciembre de 2012 fue aprobada la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la que fue borrada la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación quedó como encargada de la seguridad interior.

La iniciativa para llevar a cabo la reforma planteaba que “la situación actual de violencia recurrente que ha atentado directamente en contra de la tranquilidad y libertad de la población en diversas regiones del país y la presencia y riesgos sociales que conlleva el crimen organizado, obliga a reforzar en primer término las tareas de coordinación permanente de los esfuerzos de seguridad y de todos sus instrumentos en el ámbito operativo y de decisiones inmediatas y rápidas en la materia”.

Y mientras las cúpulas de Gobierno departen, reflexionan y hacen planes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informa que en los primeros siete meses de este año hubo 799 víctimas de secuestro y 3 mil 396 extorsiones durante el mismo periodo.

Tamaulipas encabeza el rubro de secuestros con 138, seguido del Estado de México con 122 y Veracruz con 119.

El mayor número de extorsiones por entidad en el país están encabezadas por el Estado de México con 588, Nuevo León con 450, Jalisco con 388, Ciudad de México con 295, Veracruz con 282; Tabasco, 184 y Baja California Sur con 174.

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