Impunidad, mancha voraz alimentada desde arriba

Staff/GC
Posted on marzo 13, 2018, 6:34 pm

Si México fuera un país de primer mundo, representado por políticos honrados, confiables, con experiencia y honorabilidad (características que el presidente Enrique Peña Nieto considera que debe tener su sucesor) no existiría la mancha voraz de la impunidad que devora al país.

No obstante, el “Diccionario de la impunidad” (integrado en el Índice Global de Impunidad México 2018) retoma la definición del “Pacto de impunidad política en México” que la define como “redes de intereses que reproducen la corrupción y protegen con impunidad a la clase política”.

La impunidad que lacera a México, en lugar de disminuir, se incrementa. Así lo establece el Índice Global de Impunidad México 2018 de la Universidad de las Américas.

De acuerdo con el estudio, México empeora en los índices de impunidad global y estatal y encabeza la lista de países del continente americano con el más alto nivel de impunidad.

El promedio nacional del Índice Global de Impunidad (IGI-MEX 2018), tomando en cuenta a las 32 entidades, aumentó a 69.84 puntos en comparación con la última medición de 2016 que fue de 67.42.

“Esto significa que las autoridades federales y estatales no han atendido las causas político-institucionales que permiten la impunidad ni han implementado las decisiones y procesos necesarios para mejorar el funcionamiento o aumentar las capacidades institucionales necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y justicia que demandan los ciudadanos.

“En el periodo de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha reconocido en diferentes ocasiones la forma en que la impunidad incide en la seguridad pública, la impartición de justicia o la posibilidad de combatir la corrupción (…). Sin embargo, a pesar de que la impunidad ha entrado a la agenda de gobierno, lo cierto es que los índices de violencia e incidencia delictiva, los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos y los escándalos relacionados con corrupción y conflictos de interés, ponen en evidencia que tales problemas, y la impunidad con la que se relacionan, han aumentado significativamente durante este periodo de gobierno sin que las autoridades hayan sido capaces de definir una estrategia adecuada para contenerlos”, señala el informe.

La impunidad, agrega, representa un tipo de patología política extendida en el ámbito nacional, con niveles altos y muy altos en prácticamente todos los estados.

“Por este motivo es necesario comprender que representa un problema de carácter estructural cuya reproducción ha sido responsabilidad tanto de las autoridades federales como de todos los gobiernos estatales, con independencia de su filiación partidista, y que las posibilidades de erradicarla involucran también a todos los órdenes de gobierno”.

El IGI-MEX establece que el Estado de México es la entidad con el índice más alto de impunidad con 80.06 puntos de impunidad.

El Rector de la UDLA durante la presentación del Índice Global de Impunidad México 2018.

El Rector de la UDLA durante la presentación del Índice Global de Impunidad México 2018.

“Se registran 202,205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el país, únicamente hay 1,209 sentenciados en primera instancia. Solamente el 0.59% de las carpetas acaba en sentencia, lo que habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos.

“El Estado de México además presenta problemas estructurales de inversión en agencias y ministerios públicos, no cuenta con suficientes jueces y magistrados, además de que se redujo su estado de fuerza policial. Finalmente, es la segunda entidad con la mayor cifra negra (delitos no denunciados) del país”, advierte el informe.

Acompañan al estado que gobierna Alfredo del Mazo en el top 10 de la impunidad Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca.

El índice expone los casos atípicos de Michoacán y Nayarit por probables alteraciones de sus cifras delictivas “y por el caso de infiltración de la delincuencia organizada en el sistema de procuración de justicia estatal”.

Advierte que existen entidades que prácticamente careen de sistema de justicia y recuerda que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 vs 16 por cada 100 mil habitantes).

El homicidio –agrega- no se castiga en México, pues el porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%.

“La disminución de casi diez puntos porcentuales de este indicador es resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal, las entidades no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio”.

En 27 de los 32 estados disminuyó el porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas.

De hecho, afirma que un indicador que demuestra que el sistema de impartición de justicia empieza a colapsarse en algunos estados es el de las causas penales en primera instancia entre número de jueces.

A lo anterior hay que agregar el deterioro de la infraestructura y capacidad humana de los ministerios públicos estatales, disminución en el número de agencias y agentes del ministerio público y déficit de policías estatales profesionales.

En este contexto, la cifra negra; es decir los delitos no denunciados, se mantiene en un nivel muy alto, inclusive aumentó casi un punto porcentual en dos años al pasar de 92.8% a 93.7%. Lo que confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar sobre los delitos de los cuales fueron víctimas.

Los estados con el promedio más alto de delitos no denunciados son Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Jalisco y Tlaxcala.

Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, alerta que México vive un momento crítico, “producto del profundo deterioro en el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia, donde el Estado mexicano es incapaz de garantizar a sus ciudadanos las condiciones mínimas de seguridad.

“Las autoridades permitieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en –prácticamente– todo el país”, acusa el Rector, quien hace un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República para que durante la campaña propongan acciones concretas para eliminar la impunidad en el periodo 2018-2024.

“El próximo presidente de México no puede darse el lujo de reproducir estrategias de combate a la inseguridad y corrupción con las herramientas utilizadas por la actual administración, pero tampoco sería aceptable que impulsase acciones cosméticas sin hacer caso a la realidad que el IGI-MEX 2018 presenta”, expone Derbez.

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