Juventud ejecutada, una herida sangrante

Staff/GC
Posted on julio 04, 2020, 12:47 am

En un centro de rehabilitación de adicciones de Irapuato, Guanajuato, los alcanzó la muerte. Sus verdugos les ordenaron que se tiraran al piso; posteriormente les dispararon, mataron a 24 en ese momento.

No es la primera vez que ocurre en la ciudad guanajuatense. El pasado 6 de junio un grupo armado asesinó a 10 personas en otro albergue, y en diciembre ocurrió otro ataque.

Al 31 de mayo de este año, en Guanajuato se habían cometido 3,086 asesinatos, de ellos 1,571 fueron cometidos con arma de fuego en esa entidad que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ostenta el mayor registro de homicidios en todo el país.

Las masacres de jóvenes se multiplican por todo el país desde hace más de 10 años: 18 fusilados en Ciudad Juárez, 19 asesinados en la capital de Chihuahua, 15 en un autolavado de Tepic, Nayarit; otros 15 en Chihuahua…

La guerra por el mercado de las drogas ha dejado una estela de muerte entre la población joven mexicana.

Cada año, más de una tercera parte de las víctimas de homicidio se encuentran entre los 15 y 29 años.

“La brecha entre la tasa de homicidios de jóvenes y la de la población total alcanzó niveles sin precedentes en 2017 y 2018, al ser la de jóvenes 43% mayor que la de la población en general”, señala el Índice de Paz México 2020. “El homicidio es ahora la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 44 años, y la cuarta más frecuente entre niños de cinco a 14 años”.

El proyecto Semáforo Delictivo estima que el 80% de los homicidios son ejecuciones por el control territorial del mercado de drogas con diferentes objetivos: importación o cosecha de sustancias, rutas de tráfico o venta al menudeo.

“Este es principal problema de violencia en México y la única manera de resolver esta tragedia es regulando drogas para quitarles el negocio a las mafias”, ha señalado Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo y quien constantemente ha planteado esta propuesta.

Al dar el más reciente reporte del Semáforo Delictivo, Roel expuso que lo verdaderamente extraordinario es que la violencia extrema de plata y plomo se mantenga alta o incluso tenga un incremento en algunos estados como Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León y Sonora.

Añadió las ejecuciones no sólo son entre miembros de los cárteles, sino van dirigidas en contra de jueces, periodistas, activistas, policías, funcionarios y población en general. Es una guerra contra el Estado de derecho.

“Ahí están los resultados. La preocupación de esta administración, me temo, es electoral, no de gobierno. Nos preocupa el golpeteo a los gobernadores de otros partidos y a todo aquel que no esté de acuerdo con ellos. Así es muy difícil construir la paz en México”, alertó el director de Semáforo Delictivo. “La presente administración había sugerido básicamente dos estrategias para combatir la violencia extrema de crimen organizado: Guardia Nacional y Regulación de Drogas. Queda claro, a 18 meses de gobierno, que la Guardia Nacional no tiene ningún impacto por sí sola en reducir la violencia; y que nos mintieron en cuanto a la segunda estrategia, la de regulación de drogas, pues no han hecho nada al respecto, ni siquiera con la más fácil de regular, la cannabis”.

Desde julio de 2018, Olga Sánchez Cordero, entonces designada por Andrés Manuel López Obrador para ser la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, dijo que tenía “carta abierta” para iniciar el análisis para una regularización de las drogas, misma que fue respaldada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, quienes a través de una carta aseveraron que “por sí sola, no es una medida suficiente para acabar con la guerra, pero los firmantes estamos convencidos de que es una medida necesaria para lograr la paz”.

De hecho, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública reconoce que “la prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya, desde cualquier punto de vista, insostenible. Además, tal prohibición es ineficaz desde el punto de vista de la salud pública, en la mayor parte de los países la estrategia de la prohibición de diversos estupefacientes no se ha traducido en una reducción del consumo”.

Además, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que “la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación”.

Pero no hay nada de eso, y mientras la sangre de la juventud se deja correr por las calles de México, a pesar de las alertas externas, como las planteadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que ha planteado las múltiples formas de la violencia que enfrentan la niñez y la juventud.

“En muchas regiones, los niños están sujetos a formas graves de violencia como resultado de actividades delictivas organizadas. Los niños pueden ser víctimas en asociación con los hábitos de consumo de drogas que los llevan a ser reclutados por grupos delictivos organizados y obligados a involucrarse en el tráfico de drogas. En áreas con una alta presencia de grupos del crimen organizado o pandillas, los niños y los adultos jóvenes pueden convertirse fácilmente en víctimas de su violencia letal”.

Uno de los hallazgos del Estudio Mundial sobre el Homicidio 2019 de la UNODC es que la probabilidad de que un niño sea asesinado aumenta junto con su edad en todas las regiones y marca el periodo entre los 15 y los 29 años como el de mayor riesgo de homicidio a nivel mundial.

Detalla que en América las víctimas de 18 y 19 años se estiman en 46 por cada 100,000, un número mucho más alto que el de otras regiones, además de que las armas de fuego están presentes con mayor frecuencia en los homicidios de este continente que en los de otras partes del mundo.

“Los altos niveles de violencia están asociados con hombres jóvenes, tanto las víctimas como los victimarios”, señala la publicación. “Por ello, los programas de prevención de la violencia deben centrarse en dar apoyo a los jóvenes para evitar que sean arrastrados a una subcultura de pandillas o tráfico de drogas.”

De acuerdo con el informe, México forma parte de los países donde el incremento en el flujo de cocaína provocó un aumento en las tasas de homicidios.

“En las Américas, la pertenencia a grupos y pandillas del crimen organizado es en gran parte responsable de las altas tasas de homicidios en esa región. Sin embargo, la relación no es sencilla, pues las altas tasas de homicidios causadas por grupos del crimen organizado pueden aumentar aún más cuando tales grupos pierden el control.

“Un ejemplo de este fenómeno es lo que sucedió después de la represión de los cárteles mexicanos de la droga que comenzó en 2007. Para 2011, la tasa de homicidios se había triplicado, un cambio rápido que no puede explicarse por factores a largo plazo. La tasa de homicidios luego se estabilizó hasta 2015, cuando los cárteles comenzaron a fragmentarse y diversificarse, y la tasa de homicidios comenzó a aumentar nuevamente, lo que resultó en un máximo histórico de más de 30,000 asesinatos en 2017”.

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