Tribunal rechaza línea de ‘cancha pareja’ del INE

Staff/GC
Posted on agosto 31, 2017, 6:11 pm

Los magistrados del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que pretendía “ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral”.

La Sala Superior del TEPJF determinó que la facultad reglamentaria del INE no es absoluta y debe ejercerse dentro de las fronteras que delimitan la Constitución General y las leyes.

“Los lineamientos impugnados transgreden el principio de reserva de ley, invaden el ámbito constitucional de competencia del Congreso de la Unión y no encuentran sustento en el ejercicio de una facultad de atracción”, difundió el Tribunal.

El 20 de julio de este año, el INE emitió la resolución aprobada por el Consejo General que contenía los lineamientos para que aspirantes y candidatos contendieran sobre una “cancha pareja” en los comicios 2018.

Los magistrados electorales durante la revisión de los lineamientos de “cancha pareja”. Foto: TEPJF.

Los magistrados electorales durante la revisión de los lineamientos de “cancha pareja”. Foto: TEPJF.

Dichos lineamientos limitaban la adquisición de propaganda que “implicara” la promoción personalizada de los aspirantes a un cargo de elección popular a través de la radio, la televisión, medios impresos, publicidad fija, electrónicos, internet o redes sociales.

De acuerdo con los consejeros electorales, esas regulaciones no limitaban la libertad de expresión, pues los aspirantes podrían dar entrevistas, enviar mensajes en redes sociales y acudir a actos públicos, pero lo que no podrían hacer era pagar para promover su imagen.

El propósito, explicó el consejero presidente, Lorenzo Córdova, era que aspirantes y candidatos contaran con un “piso o cancha pareja” en la búsqueda del voto.

Se trata de reglamentos neutros que no buscan favorecer ni perjudicar a nadie, aseguró Córdova.

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura del PAN, en una reunión con mujeres.

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura del PAN, en una reunión con mujeres.

“No se está regulando internet ni redes sociales, sólo la compra y la promoción pagada en esos medios. Lo que se busca regular es el dinero, la adquisición, el pago, no la libertad de expresión.

“No cumplir con estos lineamientos implicará que todos los recursos que gasten en propaganda quienes aspiren a un cargo de representación serán sumados a los gastos de éstas, y en caso de rebasar los topes, conforme lo establece la ley, podría ser causal para negar el registro de una candidatura”, explicó.

Los lineamientos de los consejeros entrarían en vigor del 8 de septiembre, fecha de inicio del proceso electoral de 2018, hasta el inicio de las precampañas, que iniciarán en la tercera semana de noviembre.

Rafael Moreno Valle, uno de los más activos en busca de candidatura, con sus huestes en el Auditorio Nacional, en julio pasado.

Rafael Moreno Valle, uno de los más activos en busca de candidatura, con sus huestes en el Auditorio Nacional, en julio pasado.

El miércoles, el Pleno del Tribunal resolvió que los lineamientos de los consejeros excedieron la facultad reglamentaria del INE, por invadir el ámbito constitucional de competencia del Poder Legislativo e incidir de manera restrictiva en el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, al crear categorías y regulaciones que buscaban modificar las contenidas en la Constitución y las leyes electorales.

El Instituto, explicaron, no puede modificar o alterar el contenido de una ley ni pueden incluir nuevas disposiciones, ni crear limitantes distintas a las previstas expresamente en la legislación.

La resolución del TEPJF consideró que los lineamientos impugnados establecen normas prohibitivas y restrictivas para diversos sujetos regulados y personas en lo individual, relacionadas con aspectos como propaganda gubernamental, informes de labores, fiscalización y régimen de sanciones, que imponen obstáculos injustificados para su actividad pública.

Los magistrados enfatizaron que las autoridades deben favorecer en todo momento una interpretación que garantice esos derechos, y destacaron que el principio de equidad se mantiene preservado, pues existe un andamiaje constitucional, legal y jurisprudencial, así como autoridades administrativas y jurisdiccionales obligadas a velar por su pleno cumplimiento.

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