Otálora: Democracia en peligro

Staff/GC
Posted on noviembre 14, 2017, 5:23 pm
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La democracia en México no está consolidada, peligra ante la desigualdad extrema existente en el país y en ella recae la decepción generada por el actuar de las autoridades públicas, advirtió la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis.

“Esto merma la confianza y la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Por ello, es importante distinguir lo que le corresponde al buen gobierno y lo que le corresponde a la democracia.

“Al buen gobierno le compete resolver los conflictos, así como garantizar la seguridad, la libertad y la paz; mientras que las elecciones democráticas son el mecanismo por el que la ciudadanía determina quiénes la representarán en la toma de decisiones; por ello, nos compete contribuir a la integridad de las elecciones”, expuso la magistrada al rendir el primer informe de actividades del TEPJF ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF),

Las elecciones 2018, planteó, pondrán a prueba el andamiaje institucional, el cual deberá sortear diversos retos, como desconfianza en las instituciones, corrupción, crecientes desigualdades sociales, crisis económica e inseguridad.

Janine M. Otálora Malassis afirmó que las elecciones del próximo año serán las más grandes, complejas y quizá las más competidas.

Janine M. Otálora Malassis afirmó que las elecciones del próximo año serán las más grandes, complejas y quizá las más competidas.

“Sabemos que las desigualdades extremas en riqueza y estatus ponen en peligro la democracia al neutralizar la existencia de actitudes indispensables para que exista una voluntad común”, señaló Otálora Malassis, quien sostuvo que toda competencia electoral exacerba los enconos sociales y políticos; que los debates intensos y ríspidos son propios de toda democracia, de la arena política; no obstante, destacó, las instituciones electorales deben mantenerse por encima de la disputa por el poder político.

Expuso que el próximo año México será escenario de las elecciones más grandes, complejas y quizá las más competidas de nuestra historia que plantea diversos desafíos en materia de justicia electoral.

“Nuestro país merece instituciones fuertes, legítimas y con credibilidad, así como procesos electorales íntegros.

“Ese es uno de los clamores contundentes e ineludibles que resuenan fuerte y constantemente en México”, planteó Otálora Malassis, quien estuvo acompañada por los magistrados del TEPJF, Mónica Aralí Soto, Felipe de la Mata, Felipe Alfredo Fuentes, Indalfer Infante, Reyes Rodríguez y José Luis Vargas.

Sin embargo, afirmó que el proceso electoral del próximo año representa una oportunidad para probar la fortaleza institucional y la integridad electoral; para hacer eco de las demandas sociales y consolidar las libertades y derechos ciudadanos.

“Sabemos que las libertades que no sepamos proteger hoy, serán mañana los males de la sociedad”, sostuvo. “La sociedad requiere de árbitros administrativos creíbles y eficaces; también exige árbitros jurisdiccionales fuertes, independientes e imparciales y que velen por el Estado de derecho”.

La magistrada añadió que “nuestra justicia electoral es el reflejo de quienes la impartimos. No buscamos el aplauso, ni huimos la crítica, nos sometemos siempre a un escrutinio estricto y exigente de los actores políticos y de la ciudadanía. Reiteramos nuestro compromiso de servir a la democracia”.

Subrayó que la protección del orden constitucional y de las libertades y derechos de las personas es una tarea que compete al Poder Judicial y que, al mismo tiempo, “se trata de una corresponsabilidad de todos los actores políticos y la ciudadanía: en la medida en que la Constitución nos protege a todos, a todos nos corresponde su defensa”.

La justicia electoral, añadió, se nutre de un sistema de valores democráticos. “Valores que sin madurez política no son tales. Por ello, se requiere el respeto del otro en su dignidad; la relación entre actores políticos en el marco del Derecho, y la aceptación de reglas previamente establecidas.

“Recordemos que la democracia es el único sistema que logra la inclusión de todas las voces y cuerpos; la representación de las agendas, aspiraciones e intereses de la ciudadanía; privilegia la deliberación y la solución pacífica ante las diferencias y las disputas por el poder. Es nuestra obligación cuidarla”.

Destacó que México tiene instituciones fuertes, entre ellas el Tribunal Electoral, fuerza que se manifiesta, dijo, no mediante discursos, sino en resoluciones que avalan el compromiso con las promesas constitucionales de construir un México donde las aspiraciones, clamores y decisiones de la ciudadanía definan el rumbo del país.

En el Informe, la magistrada presidenta destacó el alto nivel de litigiosidad que observa el TEPJF, ya que, a pesar de la celebración de procesos electorales en solamente cuatro entidades federativas, se han presentado 9 mil 375 asuntos, un número casi igual al año anterior que contó con 22 procesos electorales. Esta cantidad de impugnaciones refleja la confianza que tienen los actores políticos en la labor del Tribunal Electoral, así como de su compromiso con los principios democráticos que implican recurrir siempre a la vía jurisdiccional para la resolución de conflictos.

Señaló que la labor del TEPJF está orientada por tres ejes estratégicos: ser un tribunal abierto, alcanzar la igualdad sustantiva y contar con una administración eficiente, premisas con las que se pretende fortalecer al Tribunal como “una institución a la altura de las exigencias de nuestra sociedad, que sea garante de derechos en el marco de la imparcialidad que demanda nuestra democracia”.

En el periodo reportado, destacó que la labor institucional en aras de lograr la igualdad sustantiva se centró en los criterios jurisprudenciales emitidos a favor de los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas, de las personas con discapacidad y adultas mayores. Asimismo, se efectuaron acciones específicas para facilitar el acceso a la justicia de estos grupos, entre los que destaca la elaboración del “Protocolo para las Defensoras y los Defensores de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, la actualización del “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, así como la implementación de la traducción al lenguaje mexicano de señas de todas las sesiones públicas y eventos relevantes del Tribunal Electoral.

En el Tribunal, dijo la magistrada, no buscan aplauso, ni huyen a la crítica.

En el Tribunal, dijo la magistrada, no buscan aplauso, ni huyen a la crítica.

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