Ciberdelincuencia en aumento, legisladores a oscuras

Por: KEVIN RUIZ
Posted on noviembre 20, 2017, 6:00 am

La circulación de información falsa, el acoso virtual como el ciberbullying, los problemas de privacidad e identidad, la comisión de delitos como la pornografía infantil, códigos maliciosos, así como mecanismos para “enganchar” a víctimas para la trata de personas, son algunos de los peligros que los usuarios corren a diario en internet.

Aunado a lo anterior, se ha conformado una red delictiva que deja cuantiosas ganancias para los “hackers” o para organizaciones criminales, que se aprovechan del vacío legal que existe en la materia, para dejar en consecuencia una serie de delitos que van en aumento, a la par de un negocio millonario, muchas veces combinado con sangre.

Pese a las campañas de información para prevenir los ciberdelitos, éstos siguen diversificándose. Foto: Policia Federal.

Pese a las campañas de información para prevenir los ciberdelitos, éstos siguen diversificándose. Foto: Policia Federal.

Datos de la OEA aseguran que los ciberdeltios causaron en México pérdidas monetarias de 3 mil millones de dólares, en especial por fraude financiero, el cual se disparó en un 123 por ciento en el presente año.

A partir del uso de las redes sociales, México se ha colocado como el primer país en América Latina en enviar contenido de tipo sexual, conocido como sexting.

La asociación Alianza por la seguridad en internet señala que el 36% de los estudiantes mexicanos, entre los 12 y 16 años, ha enviado o reenviado a través de computadoras o dispositivos móviles, imágenes suyas semi desnudas a personas conocidas o desconocidas.

De acuerdo a la lista de países de la OCDE, México ocupa el último lugar en materia de ciberseguridad a pesar de contar con Unidades de Inteligencia y Policía cibernética.

Para la Asociación Civil Guardianes, y con motivo de la celebración este domingo 19 de noviembre como el día nacional contra el abuso sexual infantil,es necesario que a falta de leyes, se fomente la comunicación entre padres e hijos y a prevenir el mal uso de Internet por parte de los menores.

En un estudio que realizó recientemente sobre 200 entrevistas con jóvenes de entre 14 y 17 años de varios estados de la República, destaca que 6 de cada 10 menores a los que se entrevistó (58%) dijeron realizar actividades en la red que implican un riesgo.

La segunda práctica más recurrente es ver contenido sexual explícito (28%). Y la tercera, visionar contenido relacionado con el uso del alcohol y drogas (28%).

Los niños y niñas, principales víctimas para la comisión de delitos sexiales. Foto: Twitter.

Los niños y niñas, principales víctimas para la comisión de delitos sexiales. Foto: Twitter.

Bajo este contexto, la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa, respectivamente, trabajan en iniciativas para crear nuevas figuras delictivas como la pornovenganza, contemplada para el Código Penal de la Ciudad de México y el Federal.

En el caso más reciente, la diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Encuentro Social, Abril Trujillo, presentó la “iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un artículo 188 bis al Capítulo Tercero del Código Penal de la CDMX para tipificar la porno venganza.

En agosto pasado, la diputada local Abril Trujillo propuso tipificar la pornovenganza en el Código Penal de la CDMX. Foto: GC/Cristian Núñez

En agosto pasado, la diputada local Abril Trujillo propuso tipificar la pornovenganza en el Código Penal de la CDMX. Foto: GC/Cristian Núñez

Dicho capítulo, tipifica la pornografía como “al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, audio grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos; se le impondrá de siete a catorce años de prisión y de dos mil quinientos a cinco mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales mencionados”.

Por su parte, el artículo 188 penaliza de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días de multa a quien almacene, compre, arriende dicho material.

Así, el 188 bis propuesto para adicionar por la diputada Trujillo Vázquez, refiere que:

“Se perseguirá a petición de parte y se impondrá prisión de 3 a 5 años y multa de mil a dos mil días, al que comparta materiales de otra persona con carácter privado y contenido sexual, ya sea fotos, videos o cualesquier otro en línea o fuera de línea, sin el consentimiento de aquélla y con el fin de exhibirla públicamente para provocarle vergüenza, angustia o dolor.

El sexting es una conducta que hombres y mujeres utilizan para chantajear a las víctimas. Foto: Twitter

El sexting es una conducta que hombres y mujeres utilizan para chantajear a las víctimas. Foto: Twitter

La divulgación de imágenes de contenido sexual se ha convertido en un arma contra las mujeres, principalmente. Foto: Twitter.

La divulgación de imágenes de contenido sexual se ha convertido en un arma contra las mujeres, principalmente. Foto: Twitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presumirá que existe el fin de exhibir públicamente para provocar vergüenza, angustia o dolor, cuando entre el sujeto pasivo y el activo del delito exista o haya existido alguna relación de tipo sentimental o de amistad”.

De acuerdo a la iniciativa, las penas establecidas podrán incrementar hasta en un tercio cuando el sujeto pasivo del delito sea mujer, menor de edad o persona con discapacidad.

“Las empresas de redes sociales estarán obligadas a bloquear de inmediato las fotos, vídeos o cualquier elemento que sean utilizados para la comisión del delito, así como proporcionarlas a las autoridades competentes”, concluye el texto de la reforma.

En 2016, la Cámara de Senadores turnó a comisiones para su análisis y dictaminación la iniciativa del senador panista Jesús Casillas para sancionar la porno venganza. El proyecto de decreto reformaría el artículo 210 del Código Penal Federal con el objetivo de tipificar como acoso sexual este ciberdelito con penas de hasta dos años cárcel.

En contraste con la iniciativa de la asambleísta, los legisladores del PAN plantean la reforma a dicho artículo cuando éste refiere que “se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”, y no al artículo 202 referido a la pornografía.

El negocio atrás del crimen

El senador Juan Casillas del PAN, propuso la misma reforma a nivel federal. Foto: Senado de la República.

El senador Juan Casillas del PAN, propuso la misma reforma a nivel federal. Foto: Senado de la República.

A pesar de que el sexting y la pornovenganza causaron pérdidas económicas por 3 mil millones de dólares en México tan sólo durante 2016, el millonario negocio es poco revisado en los congresos mexicanos y parece un tema olvidado por las instituciones públicas.

A decir del diputado local Víctor Hugo Romo, en el gobierno de la Ciudad de México no existe una dependencia responsable de garantizar que se proteja la información pública y vigilar que desaparezca de las computadoras de gobierno una vez declaradas obsoletas, amén de que en el Código Penal, aún no existe el delito como tal, considerando la iniciativa de la diputada Abril Trujillo.

Las campañas informativas han sido prácticamente inútiles, debido a que no existe legislación que castigue estas prácticas. Foto: Tomada del FB del dip. Víctor H. Romo.

Las campañas informativas han sido prácticamente inútiles, debido a que no existe legislación que castigue estas prácticas. Foto: Tomada del FB del dip. Víctor H. Romo.

 

Tan solo de 2010 a marzo de 2017, la Unidad Especializada para la Atención a Delitos Cibernéticos de la Policía Federal tenía registrados 7 mil 800 solicitudes ministeriales, 46 mil reportes ciudadanos y más de 165 mil incidentes por inseguridad informática.

En esta era digital, de teléfonos inteligentes y de tecnología sofisticada al alcance de la mano, cualquiera puede convertirse en víctima de estos delitos cibernéticos, basta recordar los recientes hackeos a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a la Secretaría de Salud federal, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a Instagram, Banamex y políticos como Gerardo Fernández Noroña o el propio PRI, sin mencionar el sonado caso del sistema Pegasus que usó el gobierno para espiar a periodistas y activistas sociales.

Según informa la Unidad de Ciberseguridad de la División Científica de la Policía Federal, en los últimos cuatro años se han documentado más de 160 mil ataques, principalmente por códigos maliciosos, suplantación de identidad y accesos no autorizados.

Ignacio Sotelo Higuera, director General de la AMECI (Asociación Mexicana de Ciberseguridad), en México están sucediendo fraudes, ciberextorsiones, suplantación de identidad y robo masivo de información, que abren la posibilidad de cometer abusos de cualquier tipo.

“Las empresas de redes sociales están obligadas a bloquear de inmediato las fotos, videos o cualquier otro elemento que sea utilizado para cometer este delito”, señala el especialista quien agrega que es urgente que el Estado sancione, indague y persiga este tipo de conductas que pueden afectar gravemente la vida de las víctimas.

No obstante, explica el director de la AMECI que a nivel nacional no existe claridad sobre el número de ciberdelitos, porque muchos ni siquiera se denuncian y advierte que también es un factor agravante la falta de preparación de los Ministerios Públicos respecto a esta nueva modalidad de ilícitos e incluso a la posibilidad de considerar teléfonos celulares o discos duros como evidencias.

 

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