Contra Ley de Seguridad Interior, ONU, CIDH, WOLA, AI, CNDH, más de 200 OSC mexicanas…

Staff/GC
Posted on diciembre 06, 2017, 5:16 pm

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras organizaciones internacionales, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y más de 230 organizaciones civiles de México, manifestaron su rechazo a la Ley de Seguridad Interior, pero los diputados de la cámara baja ignoraron sus argumentos, aprobaron la iniciativa y la turnaron al Senado.

Tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, la CIDH, WOLA y organizaciones internacionales expresaron su preocupación por la legislación que avanza en el Congreso mexicano.

El proyecto de Ley de Seguridad Interior (LSI) fue aprobada por la Cámara de diputados el 30 de noviembre y se remitió al Senado para su debate y eventual aprobación.

Las Bases de Operaciones Mixtas se han multiplicado a lo largo y ancho del país.

Las Bases de Operaciones Mixtas se han multiplicado a lo largo y ancho del país.

Zeid Ra’ad Al Hussein admitió el reto existente en México en materia de seguridad, dada la violencia de la delincuencia organizada; sin embargo, destacó que a más de una década de que las Fuerzas Armadas fueran desplegadas en la guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido.

“Agentes estatales y no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el Alto Comisionado.

Zeid recordó que durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las Fuerzas Armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas.

“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones”, señaló el Alto Comisionado.

La ONU y otras organizaciones internacionales han documentado violaciones a los Derechos Humanos, y desde 2012, las autoridades mexicanas sólo han respondido con evasivas.

La ONU y otras organizaciones internacionales han documentado violaciones a los Derechos Humanos, y desde 2012, las autoridades mexicanas sólo han respondido con evasivas.

http://www.discursoydebate.com/tropezar-de-nuevo-y-con-la-misma-piedra/

Agregó que la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria.

“En vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones”, afirmó Zeid.

En ese sentido se pronunciaron organizaciones de la sociedad civil en el Senado y la senadora (PRD) Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

La legisladora afirmó que la minuta de la ley aprobada por la cámara baja no atiende los problemas de inseguridad pública y la violencia creciente en el país, ya que la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas ha sido un fracaso.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por representantes de organizaciones agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra, pidió al presidente de la mesa directiva, el panista Ernesto Cordero, y a la priista Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política, que abran la discusión de la ley a los representantes sociales y a los especialistas en la materia para que sea analizada rigurosamente de manera pública y plural.

Por su parte, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, hizo un llamado al Senado a no aprobar la LSI y en cambio abrir el diálogo nacional a favor de las instituciones de seguridad pública y justicia.

Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derecho Humanos y Democracia, pidió a los senadores “que lean, que escuchen lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México; lo que ha dicho la CNDH; así como los diversos pronunciamientos por parte de parlamentarios europeos como de organizaciones internacionales”.

En un posicionamiento de Causa en Común, respaldado por más de 200 organizaciones civiles, se hace un llamado al Senado a no aprobar la LSI y se expone que la propuesta contiene peligrosas ambigüedades y otorga atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles.

“En lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos un plan para su retiro paulatino, al tiempo que se emprende el fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno y su adiestramiento bajo los principios de legalidad y proporcionalidad. Además, se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, dice el pronunciamiento.

> Fuerzas Armadas = violaciones a DH

La CIDH también ha expresado su preocupación sobre la LSI, pues advierte que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos.

Destaca que en México se ha demostrado que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.

“En su visita a México en 2015, la Comisión constató con preocupación la presencia de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad. La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión”.

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Reiteró que la Comisión ha resaltado que es fundamental la separación clara entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación.

La CNDH, en su posicionamiento, advierte que la aprobación de la legislación genera el riesgo de que pueda aplicarse discrecionalmente a cualquier tipo de actividad mientras sea calificada de riesgo a la Seguridad Interior.

“Los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad. Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”, alerta la CNDH.

Antes del empujón a la legislación por parte de la cámara baja, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y 10 organizaciones internacionales más -en dos ocasiones- se pronunciaron en contra de la LSI.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil en el Senado.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil en el Senado.

El 29 de noviembre, reprocharon que a pesar del rechazo de organizaciones de la sociedad civil, y contra la opinión de personas expertas en seguridad y derechos humanos, la Cámara haya considerado la discusión de la LSI.

“Durante décadas nuestras organizaciones han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país. Asimismo, en el contexto de dicha estrategia, hemos documentado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo Fuerzas Armadas, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos”, expusieron.

Urgieron al Congreso mexicano a rechazar la ley, ya que “levanta serias y fundadas preocupaciones”, y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional.

Alerta que aprobar la LSI -o formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país- sentaría un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro importantes reformas en materia de derechos humanos que aprobadas en México.

Antes, el 22 de marzo, recordaron que sentencias, diagnósticos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos han indicado que el uso del Ejército en tareas de seguridad pública es contrario a los estándares internacionales en esta materia y a su vez es una de las principales causas detonadoras de violencia y violaciones a derechos humanos.

http://www.discursoydebate.com/desapariciones-forzadas-mexico-en-el-banquillo/

Recuerdan que el artículo 21 de la Constitución mexicana establece que las instituciones de seguridad pública deberán ser de carácter civil.

Capacidad de fuego de la Marina.

Capacidad de fuego de la Marina.

“Por todo ello, nos preocupa que se intente legalizar un enfoque militarizado que es contrario a las obligaciones constitucionales e internacionales contraídas por México y, como ya se ha demostrado, es ineficaz y fomenta la impunidad.

“Reflejo de lo anterior son las violaciones a derechos humanos documentadas en las que elementos de las Fuerzas Armadas han sido responsables, como por ejemplo la ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón Tlatlaya en el Estado de México la madrugada del 30 de junio de 2014. O los atroces actos de tortura que sufrieron 4 personas a manos de militares en Baja California Norte en junio de 2009, los cuales fueron confirmados por el Comité contra la Tortura en 2015. Esto, sin dejar de lado a las víctimas de las 99 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 2006 hasta la fecha en contra de elementos de las Fuerzas Armadas por actos de tortura, ejecución arbitraria y desaparición forzada”.

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