Impunes, 94% de delitos en México

Por KEVIN RUIZ
Posted on agosto 10, 2017, 3:28 pm

A pesar de que el gobierno mexicano destina el 1.4% del gasto total federal para la seguridad interior del país, México sigue siendo uno de los países más violentos del mundo con una tasa de 15.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, además de tener la tasa más alta de delitos no denunciados o sin averiguación previa del continente americano, con 94%.

Lo anterior lo dieron a conocer los especialistas del laboratorio de políticas públicas Ethos, quienes revelaron en conferencia de prensa el reporte Descifrando el Gasto Público en Seguridad, donde destacaron que la no denuncia de delitos se deriva de la desconfianza e ineficacia de las instituciones de procuración de justicia, y coloca al país por encima de El Salvador (90%), Brasil (80%), Ecuador (80%) y Colombia (76%).

Otro de los aspectos que contempla este reporte como principales causas por las que no se denuncian los delitos son por consideran que los trámites son “largos y difíciles” (9%), pérdida de tiempo (31%), desconfianza en la autoridad (16%), no tenían pruebas (11%) y porque se considera que el delito es de “poca importancia” (11%).

De 2008 a 2015, el gasto público federal creció 63 por ciento tan sólo en materia de seguridad, lo que representó pasar de 27 mil 259 millones de pesos a 43 mil 957 millones, respectivamente, invertidos principalmente en las corporaciones policiales.

Respecto a la seguridad interna, el gasto entre 2008 y 2015 creció 61%, pasando de invertir 27,259 millones de pesos a 43,957 mdp; sin embargo Ethos señala que muchos rubros del gasto en seguridad son opacos, tanto en su destino como en los resultados que producen. Foto: Policía Federal.

Respecto a la seguridad interna, el gasto entre 2008 y 2015 creció 61%, pasando de invertir 27,259 millones de pesos a 43,957 mdp; sin embargo Ethos señala que muchos rubros del gasto en seguridad son opacos, tanto en su destino como en los resultados que producen. Foto: Policía Federal.

Incrementaron el número de elementos policiacos, la Policía Federal creció de 11 mil 633 elementos en 2006 a 43 mil 724 en 20015, con un promedio en salarios mensuales de 15 mil 817 en 2010 a 20 mil 552 en 2015, pero “sus capacidades de persecución y prevención del delito siguen siendo limitadas, no hay estrategia de prevención del delito, hay una ineficacia y opacidad en las transferencias federales en seguridad y hay poco personal en procuración y administración de justicia eficiente”, consideró Liliana Alvarado, directora de Desarrollo Económico y Social de Ethos.

Con la desaparición del Programa Nacional de Prevención al Delito (Pronapred), la prevención del delito recayó en las Secretarías Federales, quienes ejercen 139 mil 152 millones de pesos en la materia, 2.8% del presupuesto total, de acuerdo al anexo 19 del Presupuesto de Egresos 2017.

Ethos destacó que las razones por las que el gasto en materia de seguridad no es eficiente radica en la opacidad, la inexistencias de una política preventiva, poca profesionalización de los cuerpos policiacos, la impunidad y el poco personal dedicado a la procuración y administración de justicia, ya que en México sólo existen 7.5 agentes del Ministerio Público y 4 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando en los países de la OCDE existen 16 jueces por cada 100 mil.

“El análisis muestra que hay algunas actividades cuya relación con la prevención del delito no es clara, así como tampoco se dilucida si fueron pensadas y diseñadas para prevenir el delito o sólo se trata de actividades que ya realizaban las dependencias federales y que fueron reetiquetadas como gasto en prevención”, comentó Dalia Toledo, Coordinadora de Seguridad Pública de Ethos.

De acuerdo con el diagnóstico, entre los retos en materia de seguridad se encuentran asignar y ejercer el gasto de manera inteligente; focalizar y asignar recursos para la prevención basados en evidencia; fortalecer las capacidades de los cuerpos policiacos a nivel subnacional; incluir incentivos orientados a resultados en el diseño de los fondos federales; fortalecer la procuración y administración de justicia, y promover la cultura de la denuncia.

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