Policías, una crisis interminable

Staff/GC
Posted on junio 27, 2020, 8:21 am

Los ciudadanos de las 32 entidades del país se enfrentan a la crisis interminable que padecen los cuerpos policiacos y terminan sufriendo las comunidades.

La transformación de los cuerpos policiacos se remontan a los sexenio de Miguel de la Madrid (1982–1988) y Carlos Salinas de Gortari  (1988–1994) y desde entonces han circulado reformas y reformas sin que existan avances en la impartición de la ley y en la mejora de los entornos de seguridad para los ciudadanos.

“Desde la década de 1980, sucesivos presidentes mexicanos han tomado medidas para abordar las múltiples deficiencias de la policía. Se han creado, disuelto y rebautizado agencias; cientos de miles de agentes han recibido entrenamiento y han sido depurados; los equipos han sido actualizados y expandidos. Sin embargo, las fuerzas policiales en México aún están plagadas por la corrupción, el abuso y la ineficiencia”, señala un informe de la La oficina de Washington sobre América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).

El diagnóstico ha sido el mismo desde hace lustros: existe desconfianza hacia las policías locales y se demanda su profesionalización. Al interior de las corporaciones se repite el patrón de la corrupción interna y la debilidad para enfrentar los retos que significa una delincuencia mejor armada y en constante crecimiento.

Hace seis años, en 2014, WOLA planteaba la necesidad de que se aplicaran plenamente las reformas judiciales de 2008 “como una forma de garantizar que la investigación y la recolección de evidencia se lleven a cabo en una manera adecuada y eficaz y sin violar las garantías del debido proceso”, así como respetar los derechos de los agentes policiacos.

La demanda ciudadana ha sido, desde hace más de 20 años, contar con una policía fuerte, que respete los derechos humanos, capacitada para prevenir y combatir el crimen; bien capacitada, bien remunerada y que cuente con la confianza de la ciudadanía en sus actividades.

Pero políticos van y políticos vienen y los resultados para tener una policía confiable se ha quedado en “veremos”.

Incluso, apenas el pasado 18 de junio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ahora con el pretexto de la emergencia causada por la Covid-19, afirmó que era necesario “evaluar” el fortalecimiento de las policías estatales y municipales para estar en condiciones de atender eficazmente a la población.

“Esta emergencia, junto a otros indicadores, nos pone de nuevo en la necesidad de evaluar el fortalecimiento del estado de fuerza de todos los cuerpos estatales y municipales de seguridad” señaló el titular de la SSPC.

WOLA señala que si bien han existido esfuerzos para transformar a las policías del país, aún se carecen de controles internos y externos.

“Esto ha significado que los agentes policiales acusados de irregularidades, desde la corrupción a violaciones graves de derechos humanos, cuentan con pocos incentivos para cambiar sus acciones, porque saben que es poco probable que sean investigados y sancionados.

“El gobierno mexicano ha argumentado que es necesario utilizar las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública porque las fuerzas policiales son demasiado corruptas o mal entrenadas para poder enfrentar los altos niveles de crimen y violencia que se han visto en los últimos años. Sin embargo, la experiencia de México ha demostrado que desplegar los militares no puede ser un sustituto a la necesidad de construir fuerzas policiales que luchan contra el crimen con la confianza y cooperación de la población, y la militarización de la seguridad pública en el país ha resultado en un aumento dramático de violaciones a los derechos humanos por las Fuerzas Armadas mexicanas”, señala el informe de WOLA difundido desde 2014.

De acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) elaborada por el INEGI, en 2017 se contaba en México con una fuerza policial de 384.9 mil elementos, de los cuales el 76.1% estaba adscrito a la Policía Estatal o Municipal; 13.5% pertenecían a la Policía Estatal Ministerial; 9.5% a la Policía Federal y 0.9% a la Policía Federal Ministerial.

“El 35.6% de los elementos de policía fue víctima de algún delito o conducta antisocial en el desempeño de sus funciones. Se estima una tasa de 644 delitos o conductas antisociales por cada cien elementos de policía”, señala el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Un dato revelador de la ENECAP es que el 86.1% de los elementos de policía con funciones operativas obtuvieron por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo o protección para el desempeño de sus funciones. “34.2% consiguió por cuenta propia una prenda o accesorio de su uniforme y 4.9% adquirió de la misma forma armas, municiones o accesorios para armamento”.

Ahora, con la actual administración federal, se impulsa el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que tiene el propósito de fortalecer las capacidades de las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y Procuradurías o Fiscalías “para prevenir y fortalecer la investigación de los delitos, disminuir la incidencia delictiva, e incrementar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública”.

Y aunque el Plan Nacional de Desarrollo establece que “la prevención es uno de los ejes estratégicos de la seguridad pública. Se han impulsado acciones en lo inmediato para consolidar una amplia política de prevención y participación ciudadana”, el Observatorio Nacional Ciudadano informó en julio de 2019 que el gasto público destinado a labores de Seguridad para 2019 fue el más bajo desde 2008.

“En los últimos años, quienes han sido los grandes receptores de los recursos en materia de seguridad son las Fuerzas Armadas. A partir del sexenio de Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Armadas han recibido más y más recursos”, afirmó entonces Francisco Rivas, director del ONC. “¿Eso qué nos dice? Que se está descuidando mucho la seguridad dentro de los municipios”.

Lo anterior quedó reafirmado con un estudio realizado por la organización Causa en Común entre policías de 28 entidades del país, sólo los estados de Michoacán, Nayarit, Puebla y Tabasco no permitieron que se realizara la encuesta.

Del estudio “¿Qué piensa la Policía” los uniformados revelan el estado precario en el que se encuentran, pues de su bolsillo pagan calzado/botas, fornituras, uniforme, reparación de patrullas, cartuchos, chalecos antibalas y hasta gasolina para la patrulla.

Con jornadas de hasta 24 x 24 horas, con pocos estímulos o ascensos y con poca capacitación, los policías señalan que les ordenan labores que no les corresponden, como hacer encargos personales; pagar una cuota; trabajos de mantenimiento; votar por algún candidato; ir de acarreados a mítines políticos hasta torturar a algún detenido.

Incluso, el estudio señala que hay policías que nunca han practicado tiro. 21% señaló que nunca han practicado; 43% que lo hacen una o más veces al añoM 23% que una cada dos años y 13% una vez cada tres años.

“Los estados donde menos practican tiros son Campeche (49%) nunca ha tirado), Tamaulipas ( 45% nunca ha tirado y Zacatecas (40% nunca ha tirado), señala el estudio de Causa en Común, que concluye que “no existe un modelo para el desarrollo de las policías del país. La mayoría de las corporaciones subsisten en condiciones precarias. Si queremos que nuestras policías sean eficaces, debemos ofrecerles buenos sueldos y prestaciones, infraestructura y equipamiento adecuados, y capacitación a la altura de su responsabilidad”.

Y mientras se concreta la enésima estrategia para la policía, 226 policías han sido asesinados en el presente año (al 31 de mayo).

En promedio, informa Causa en común, 1.47 policías han sido asesinados cada día y en 2020 los estados con más casos registrados son: Guanajuato (38), Chihuahua (20), Veracruz (19), Estado de México (18) y Guerrero (13).

***