Combate a la corrupción, otra batalla perdida

Staff/GC
Posted on junio 12, 2020, 8:17 pm

Cuando el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entre en vigor el próximo 1 de julio, la nación azteca ya llevará cargando un expediente negro en materia de lucha contra la corrupción y habrá demostrado a sus socios que el compromiso en ese rubro no se lo está tomando muy en serio.

En el T-MEC, México se comprometió a combatir la corrupción en asuntos que afectan el comercio y la inversión; el acuerdo final le dedica todo un capítulo, el 27, que incluye combatir prácticas y actos de corrupción; sancionar a funcionarios públicos que incurran en este delito; adoptar programas de cumplimiento con base en mejores prácticas; fortalecer la cooperación entre las autoridades de los tres países, y fomentar una cultura de prevención.

No obstante, diversos instrumentos dan cuenta del fracaso de la administración federal en el combate la corrupción.

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, elaborado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, empresa de consultoría especializada en riesgos globales, advierte que México se ha estancado y mantiene una escasa capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción,

“El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder con la promesa de ‘acabar con la corrupción’, y el tema se ha mantenido firmemente en la agenda de su gobierno. Sin embargo, el Índice CCC 2020 muestra que, en la práctica, no ha cambiado mucho para México”, señala.

La elección de 2018, añade, abrió la puerta al uso selectivo de la lucha contra la corrupción para atacar a los enemigos políticos, con organismos de represión cada vez más politizados; mientras tanto, “el Presidente prácticamente ha ignorado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ha aumentado el uso de gastos discrecionales en las contrataciones públicas y ha hecho caso omiso de los controles para mejorar la gobernabilidad, entre otras tendencias preocupantes”.

México obtuvo este año un puntaje de 4.55 sobre 10 (el año pasado fue de 4.65) en el Índice CCC, que evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Los países con un puntaje más alto se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados, no es el caso de México.

“El puntaje de México en cuanto a la independencia y la eficiencia de los organismos de lucha contra la corrupción disminuyó. En algunas variables de la Capacidad Jurídica, como la independencia y eficiencia del sistema judicial, México se ubica significativamente por debajo de países como Brasil, Colombia o Perú, y más cerca de otros como Guatemala y República Dominicana”, señala el informe, que advierte que las campañas de la sociedad civil contra la corrupción también han perdido fuerza en los últimos dos años, y se lo atribuye a dos factores: El éxito de AMLO en la apropiación de la causa anticorrupción y sus ataques retóricos contra las ONG y otros grupos independientes.

“Los resultados del Índice CCC 2020 tienen implicaciones significativas para quienes hacen negocios en América Latina. Revelan un panorama de reforzamiento de la ley desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y, en consecuencia, adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva», dijo Geert Aalbers, socio en Control Risks.

Percepción y Realidad

El Instituto Nacional de Estadística (INEGI) informó en mayo pasado que durante 2019, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo al pasar de 91.1% en 2017, a 87% en 2019; sin embargo, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017, a 15,732 en 2019; al igual que la tasa de incidencia, la cual pasó de 25,541 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019 .

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en 2019, el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12,770 millones de pesos, lo que equivale a 3,822 pesos promedio por persona afectada.

El INEGI señala que el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25%.

“Finalmente, en lo referente a la confianza de la población en personas, instituciones o actores de la sociedad, se estima que, en 2019, las personas confiaron más en sus familiares, así como en las escuelas públicas de nivel básico, con 86.8% y 75.1% respectivamente. Por otro lado, el menor grado de confianza se presentó en los partidos políticos con 24.6%”.

México forma parte de la liga de los países más corruptos, que no garantizan la seguridad de las personas y la propiedad, y que cuentan con sistema de justicia penal ineficaz.

En el primer año de evaluación de la administración de López Obrador, el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, WJP por sus siglas en inglés) señala que el nivel de corrupción en México es comparable con el existente en Kenia, Madagascar y Bolivia y sólo es mejor comparado con Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo.

México se ubica en el puesto 104 de 128 países y jurisdicciones en el estudio del WJP.

De acuerdo con el ranking, el respeto al Estado de Derecho por parte de México, es superado por países como Kenia, El Salvador, Ucrania, Tailandia, Kazajistán, Indonesia, Botswana, y Emiratos Árabes Unidos.

De hecho, a nivel América Latina y el Caribe, México pertenece a un grupo continental con Estado de Derecho débil con Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela.

El Índice Sobre el Estado de Derecho 2020 del WJP destaca el retroceso durante el primer año de López Obrador al frente de la Nación y exhibe muy debajo del promedio, incluso de la Región América y el Caribe, la percepción de mayor corrupción en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Legislativo, en la policía y en el sector militar.

En este contexto, el más reciente estudio de la la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), elaborado con el periódico Reforma, exhibe que la gente percibe que existe más corrupción con la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

“El año pasado, 86.5% de los mexicanos -hombres y mujeres- consideraba que los actos de corrupción ocurrían frecuente y muy frecuentemente. Este resultado no sorprendió a nadie dado que el sexenio Peña terminaba con la pero aprobación de la historia reciente.

“A pesar de que uno de los temas que AMLO posicionó en la campaña presidencial de 2018 fue la bandera anticorrupción, la percepción de que en México los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes ha aumentado. A 14 meses de que su administración tomara posesión, 90.1% de los mexicanos considera que la corrupción sigue ocurriendo frecuentemente y muy frecuentemente”, expone MCCI-Reforma. “La realidad es necia. La evidencia indica que las cosas no sólo no mejoraron en el frente anticorrupción, sino que de hecho empeoraron. Más personas consideran que la corrupción ha aumentado en el último año, pasando de 46.2% en 2019 a 53.2% en 2020. Este incremento no sólo supera el error de medición sino que marca una clara tendencia de que la gente percibe que la corrupción no ha disminuido durante el primer año de gobierno”.

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