En las botas de Calderón

Staff/GC
Posted on mayo 16, 2020, 12:56 pm

En marzo de 2018, durante enfrentamientos entre presuntos delincuentes y efectivos de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una familia que se trasladaba a su domicilio en automóvil fue agredida por los elementos castrenses desde un helicóptero.

El resultado fue dos niñas –de 6 y 4 años de edad- muertas. La madre de las menores, de 28 años, también murió a causa de las balas de los militares.

La Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) descubrió que los disparos no tuvieron el objetivo de “disuadir, sino se tradujeron en uso arbitrario de la fuerza letal, al incumplir los principios de estricta necesidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad”.

Las víctimas no recibieron labores de auxilio de parte de sus agresores, quienes supuestamente fueron destacados para proporcionar seguridad a los civiles.

Los elementos militares que desarrollan actividades de seguridad en el país son letales; en zonas calientes no se andan por las ramas y, en sus acciones, se han llevado entre las botas a civiles que ni la deben ni la temen.

Y la situación no pinta mejor.

Tras la táctica de sangre y fuego desatada por Felipe Calderón Hinojosa en la guerra por el control del mercado de las drogas, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador reedita la estrategia y la recarga al permitir que no sólo en labores contra el crimen organizado participen las Fuerzas Armadas, sino que sus acciones se extenderán a la seguridad pública comunitaria.

“Calderón declaró la guerra, de eso hay constancia, y hubo los mayores índices de letalidad. ¿Qué significa esto? Que había más muertos que heridos y que detenidos en enfrentamientos. Y fue también cuando perdieron la vida más militares, y se puede probar, y fue cuando inventaron lo de los daños colaterales. Entonces, esa política no se va a seguir aplicando”, dijo López Obrador durante una conferencia en Palacio Nacional el pasado 31 de octubre.

Pero el decreto del 11 de mayo pasado apunta a que será robustecida la estrategia impulsada durante el calderonato, al menos, hasta el 27 de marzo de 2024, pues el decreto contempla, entre otras, las siguientes facultades para las Fuerzas Armadas:

Prevenir la comisión de delitos; prevenir delitos en las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, aduanas, recintos fiscales, puntos de revisión aduaneros, centros de Migración, carreteras federales, vías férreas, aeropuertos, parques nacionales, instalaciones hidráulicas; presas, embalses de lagos y cauces de los ríos. También en los espacios urbanos considerados como zonas federales y zonas turísticas.

Las Fuerzas Armadas mexicanas podrán llevar a cabo detenciones de personas y aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos, además de cachear a las personas detenidas y preservar las eventuales escenas de crimen.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha advertido que no está garantizada la supervisión de la acción castrense “y no honra los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir el actuar de todas las corporaciones de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas”.

El organismo demandó revisar el acuerdo para garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población, el político tabasqueño afirmó que el acuerdo había sido cosa juzgada y aprobada por el Congreso, aunque la militarización de la seguridad pública no era parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP).

Dicha estrategia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019, planteaba que “si el Ejército y la Marina han experimentado desgaste y pérdida de confianza entre algunos sectores de la población, ello se ha debido a órdenes del mando civil de participar en acciones represivas o en funciones policiales para las cuales estas instituciones no han sido facultadas ni capacitadas”.

Ahora se repite la receta gestada por Calderón y el Informe Mundial 2020 de la organización Human Rights Watch advierte que las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad -incluyendo tortura, desapariciones forzadas y abusos contra migrantes- han continuado durante el gobierno de López Obrador.

“México ha utilizado activamente las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculadas al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4,600 quejas sobre presuntos abusos militares. Entre enero y julio de 2019, recibió 241 quejas de este tipo”, señala la ONG.

Y aunque la ENSP reconoce el desafío de la inseguridad y plantea “transitar de una autoridad vengativa a una autoridad justa, de un estado de persecución a un estado de bienestar y de la ley de la jungla al imperio de la ley”, las acciones de los efectivos castrenses se han caracterizado por la fuerza letal en un ambiente de opacidad que no ha mejorado en la presente administración.

El “Índice de letalidad 2008-2014: menos enfrentamientos, misma letalidad, más opacidad”, que calcula al número de civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos, arroja índices de letalidad sumamente altos.

“Con los datos oficiales calculamos que para el periodo 2007-2014 la Policía Federal tiene un saldo en enfrentamientos de 4.8 civiles muertos por cada civil herido, mientras que en el Ejército llega a 7.9”, señala el estudio elaborado por los expertos Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas.

El estudio advierte que, en el caso del Ejército, el índice de letalidad aumentó cada año de 2007 (1.6) a 2012 (14.7), “en lo que parece haber sido un aprendizaje en la impunidad del uso de la fuerza letal durante la administración de Calderón”.

El estudio de Silva Forné, Pérez Correa y Gutiérrez Rivas (con base en notas de prensa) señala que de 2008 a 2014 elementos del Ejército causaron la muerte de 1,755 civiles e hirieron a 169. Índice de letalidad: 10.4.

En el mismo periodo, hubo 320 civiles muertos a causa de los efectivos de la Marina y 19 heridos. Índice de letalidad: 16.8.

En el caso de la Policía Federal hubo 533 civiles muertos contra 79 civiles heridos para dar un índice de letalidad de 6.6.

En octubre de 2019 el General Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, expuso que en más de más de 5,000 agresiones a las fuerzas federales, desde 2006 hasta septiembre de 2019 tenían un registro de 5,396 agresores abatidos, y afirmó que desde 2012 había disminuido el índice de letalidad.

Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que la cifra presentada por el General Sandoval no podría considerarse como un “índice de letalidad”, porque a nivel internacional este indicador se obtiene al sacar una relación entre heridos y fallecidos, pero en el caso de Sedena, sumaron heridos y detenidos y le restaron los fallecidos.

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