México, campeón de AL… en corrupción

Staff/GC
Posted on octubre 09, 2017, 7:31 pm

México encabeza los más altos niveles en materia de corrupción en América Latina, reafirma Transparencia Internacional.

La organización, en un informe dado a conocer este lunes, señala que México “evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos; en particular, en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal”.

El informe, “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” registra que México tiene un índice de soborno del 51%, el mayor en la región.

“Los índices de soborno varían sustancialmente según el país. Cerca de la mitad de los ciudadanos de México y República Dominicana afirma haberlo pagado al menos una vez en los 12 meses anteriores (el 51% y el 46%, respectivamente).

“En cambio, Trinidad y Tobago muestra el índice de soborno más bajo de los países encuestados. Allí, solamente el 6% de las personas en contacto con un funcionario público en los 12 meses anteriores pagó un soborno”, dice el informe.

De acuerdo con Transparencia Internacional, el informe, de la serie Barómetro Global de la Corrupción, se elaboró a partir de encuestas realizadas a más de 22,000 ciudadanos en 20 países de América Latina y el Caribe.

De las respuestas de los ciudadanos, México, República Dominicana, Perú, Venezuela y Colombia tienen el peor resultado, dado que reciben calificaciones negativas en cuatro de cinco indicadores (“¿Ha variado el nivel de corrupción?”, “¿Cómo es el desempeño del gobierno frente a la corrupción?”, ¿Es corrupta la policía?, ¿Cuántos han pagado soborno?”, y “¿Las personas comunes pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción?”.

“En estos países, los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción como de la merma en el nivel de corrupción durante los 12 meses anteriores. Esto sugiere riesgos de corrupción reales y apremiantes en estos países, y exigirá que todos los niveles del gobierno y la sociedad civil actúen en forma conjunta”, señala Transparencia Internacional.

Los resultados regionales, agrega el estudio, indican que la policía y los representantes (miembros del Parlamento o senadores) como los más corruptos.

“Casi la mitad de los ciudadanos de la región piensa que las personas que trabajan en estas instituciones son todas o casi todas corruptas (47%)”.

Los porcentajes son similares en cuanto a las personas que creen que funcionarios de los gobiernos locales, funcionarios que dependen del presidente o del primer ministro y jueces o magistrados son sumamente corruptos.

“Entre el 40% y el 45% de los encuestados en toda la región sostienen que estos son en su mayoría o en su totalidad corruptos”.

Una cuarta parte de los ciudadanos también considera que los líderes religiosos también son sumamente corruptos (25%).

Las personas que viven en Trinidad y Tobago, Bolivia, México y Paraguay perciben altos niveles de corrupción en la policía (entre el 61% y el 64%). En cambio, menos de una de cada cinco personas en Uruguay manifiestan que los policías son sumamente corruptos (19%).

“No es sorprendente que haya bajos índices de denuncia en la región donde muchas personas consideran que la policía y los tribunales son sumamente corruptos y la amenaza de una represalia violenta constituye un riesgo real para los denunciantes”, dice el informe.

Apenas la última semana de septiembre el del Foro Económico Mundial dio a conocer el Informe de Competitividad Global 2017-2018, el cual advierte que que los factores más problemáticos para hacer negocios en México son la corrupción, crímenes y robos, y una burocracia gubernamental ineficiente.

Detalla que la confianza pública en los políticos se encuentra en el ranking 127 de las 137 economías evaluadas; pagos irregulares y sobornos en el 105; la independencia judicial en el 113; favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno en el 129; la eficiencia en el gasto público en el 121; el comportamiento ético de las empresas en el 117; fiabilidad de los servicios policiales y delincuencia organizada, respectivamente en el 134.

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