#MéxicoSalvaje: Abrazos no frenan los balazos

Staff/GC
Posted on noviembre 29, 2019, 7:55 pm

La estrategia para frenar la violencia desbordada en el país no ha detenido el incremento de asesinatos que cada día son perpetrados a lo largo y ancho de la República y el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, asegura que no la va a cambiar.

Sintetizada en su dicho “abrazos, no balazos”, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública plantea “atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y en general todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública” y se ha propuesto los siguientes objetivos, entre otros: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; recuperación y dignificación de los centros penitenciarios, y reformular el combate a las drogas.

Es en éste último donde radica el problema.

La estrategia presidencial reprueba la prohibición de ciertas drogas y plantea “la idea de levantar la prohibición de algunas de ellas que actualmente son ilícitas”. Además, aunque el mandatario haya declarado que ya no hay guerra contra el narco, el incremento de asesinatos perfilan que 2019 se convertirá en el año más sangriento de la historia del país.

“Muchos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y formuladores de políticas tienen profundas preocupaciones sobre la capacidad del Gobierno mexicano para disminuir la violencia en México y frenar el poder de los grupos criminales”, señala un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de los EU.

El mismo reporte, titulado “Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations” advierte que, aunque AMLO sigue siendo popular, preocupa entre observadores las negaciones del mandatario ante el incremento de los niveles de homicidios y sus críticas a la prensa por no proporcionar una cobertura más positiva.

“Algunos analistas cuestionan su compromiso para combatir la corrupción y reenfocar los esfuerzos para frenar la violencia relacionada con el crimen en México. Cualquier realineamiento significativo de su política de seguridad aún no está claro”, señala el reporte.

Al respecto, Santiago Roel, director del proyecto Semáforo Delictivo, es contundente: “el Gobierno no tiene clara su estrategia de lucha contra las drogas. Nunca he visto al Presidente hablar de este tema. Siempre lo evade. Siempre se va por otro lado que es peligroso, lo de abrazos, no balazos, la amnistía… él nunca ha hablado de regular las drogas como una estrategia de paz. No sé si porque no lo entienda, (…) o es cobardía”.

Y es que los asesinatos no cesan y la política de “abrazos, no balazos” ha sido interpretada como una patente de corso que ha permitido operar en la impunidad a los grupos criminales de norte a sur del país.

Por un lado, los números oficiales revelan que hasta el mes de octubre de este año se han cometido 43,085 homicidios, de los cuales 28,741 fueron dolosos y del total 20,337 se cometieron arma de fuego.

Por otro, la administración de AMLO no ha salido de la crisis de inseguridad que se originó en Aguililla, Michoacán, donde 13 policías fueron masacrados por presuntos gatilleros del cártel Jalisco Nueva Generación; posteriormente se registro un saldo de 14 civiles armados y un soldado muertos luego de un enfrentamiento en las afueras de Iguala, Guerrero, el 16 de octubre.

Pero han sido dos eventos que han puesto en jaque a la administración federal y al encargado de la aplicación de la política de seguridad, Alfonso Durazo:

Culiacán, Sinaloa, 17 de octubre. Integrantes del Cártel de Sinaloa desafiaron a la autoridad federal y ganaron, consiguieron que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fuera liberado tras ser detenido en el Fraccionamiento Tres Ríos, al norponiente de la ciudad capital del estado.

El acto desató un infierno en distintos puntos de la Ciudad y un número indeterminado de víctimas. Una acción sin precedente en Culiacán y el país que exhibió a una autoridad descoordinada, egoísta, indolente, pusilánime, débil.

Bavispe, Sonora, 4 de noviembre. Un grupo criminal descargó sus armas de fuego contra contra tres mujeres y niños, quienes viajaban en tres vehículos, uno de los cuales fue incendiado con una de las mujeres y sus bebés en su interior.

Las autoridades federales volvieron a demostrar sus lentos reflejos para atender la emergencia. Alex y Julián LeBarón reportaron la desaparición y asesinato de los miembros de su familia a las 13:18 horas, pero fue hasta las 17:00 horas cuando elementos militares de la guarnición de Agua Prieta, elementos de la Guardia Nacional de Zaragoza, de Janos y de Moctezuma se trasladaron a la zona del crimen y fue hasta las 20:30 horas, cuando elementos de seguridad de seguridad de Chihuahua y Sonora establecieron el operativo de búsqueda y “blindaron la zona de conflicto”.

Gráfico: Council on Foreign Relations.

Gráfico: Council on Foreign Relations.

MAREA DE ASESINATOS

International Crisis Group advierte que el aumento de las tasas de delitos violentos sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad pública y la estabilidad en México.

Señala que el Presidente López Obrador ha hecho de la reducción de la violencia un elemento central de su plataforma de gobierno, “pero las tasas de homicidios en 2019 están en camino de superar los niveles récord de años anteriores, alcanzando un máximo en estados como Guanajuato y Jalisco. La marea de asesinatos se debe en parte a la ruptura de los carteles en aproximadamente 200 grupos armados más pequeños, lo que ha generado competencia entre esos grupos y ha debilitado la capacidad de los jefes del crimen para imponer disciplina”.

Agrega que en los últimos doce años, los grandes sindicatos delictivos se han fragmentado en grupos más pequeños, lo que ha provocado una gran cantidad de conflictos armados letales.

“Al mismo tiempo, el Estado mexicano, y sus servicios de seguridad en particular, continúan sufriendo corrupción, colusión con actores ilegales o incluso la captura criminal de las fuerzas policiales locales. En ausencia de reformas profundas a las instituciones de seguridad y justicia del país, es probable que México continúe sufriendo una violencia enorme. El Presidente López Obrador aún disfruta del capital político y la popularidad para establecer un nuevo rumbo, pero su administración aún no ha establecido políticas claras sobre cuestiones críticas, como reducir el papel de los militares para proporcionar seguridad y frenar las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, destaca la organización con sede en Bruselas, Bélgica.

International Crisis Group (ICG) acusa que la incapacidad del Gobierno para fortalecer las instituciones civiles locales ha permitido el surgimiento de grupos delictivos pequeños que operan de manera más violenta.

El resultado de la política impulsada por Felipe Calderón, y reafirmada por Enrique Peña Nieto y su operador Miguel Ángel Osorio Chong fue la expansión de conflictos armados.

“El número de víctimas civiles es alto, con ciudadanos comunes atrapados en el fuego cruzado, familias de criminales atacados y desplazamientos internos en aumento. La violencia se ve exacerbada por ciclos de venganza personal, por ejemplo en las montañas de Guerrero, donde las disputas de sangre, que involucran asesinatos y desapariciones forzadas, pueden prolongarse durante décadas”, señala la organización europea.

Los grupos criminales, agrega, explotan redes arraigadas de corrupción para coludir con funcionarios estatales, y las instituciones públicas se convierten en participantes en conflictos criminales. En algunas regiones, estos grupos sobornan a las fuerzas de seguridad para actuar contra sus rivales y pasar por alto sus propios crímenes.

Para revertir la creciente violencia en México, recomienda, se requiere que el Estado emprenda reformas a nivel federal y local.

“Esto requeriría negociar un escrutinio civil gradual de la conducta y los abusos de los militares. Sin embargo, la dependencia de la administración López Obrador, al menos en términos inmediatos, del Ejército y la Marina para proporcionar seguridad pública obstaculiza dichos esfuerzos. La creación de una Guardia Nacional como piedra angular de la nueva política de seguridad de López Obrador en marzo de 2019 parece poco probable que ayude.

“No está claro exactamente cómo trabajará el Gobierno para detener la conducta abusiva en las fuerzas de seguridad y desmantelar las estructuras criminales dentro de ellas. A pesar de las promesas de López Obrador, el Gobierno no ha presentado propuestas concretas para monitorear o prevenir futuros abusos contra los derechos humanos perpetrados por la policía o el Ejército. Debería ser una prioridad poner fin a las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, que han sido documentadas por la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU y otros”.

Santiago Roel acusa que el Gobierno Federal mantiene una estrategia equivocada “y lo debería tener claro ya para estas alturas. Prometieron otras cosas, prometieron regular las drogas como estrategia de paz; no ha habido un solo paso en esa dirección. Tienen el Congreso, la mayoría del Congreso, desde septiembre del año pasado y no ha habido ni una discusión de leyes, nos dicen que vienen una discusión sobre una ley de cannabis… Son todas las drogas, no solamente el cannabis”.

El incremento la violencia no pasa desapercibido ni en México, ni en el extranjero.

Shannon K. O’Neil, investigadora del Council on Foreign Relations, escribió que el aumento de la violencia ayudó a impulsar a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, dada la desesperación de los mexicanos por la seguridad básica.

“Prometió un cambio sísmico, terminando la guerra contra las drogas con ‘abrazos, no balazos’. Una nueva Guardia Nacional de 60,000 efectivos reemplazaría a una Policía Federal contaminada. Y la aplicación militarizada daría paso a nuevas becas, estipendios y tratamiento de drogas. Sin embargo, casi un año después, la seguridad se ha deteriorado. Los carteles financiados por drogas no son la única amenaza.

“Las cosas no mejorarán pronto. El enfoque social de AMLO para prevenir la violencia llevará años traducirse en un cambio real en el terreno, si alguna vez funciona”.

***