Nada de abrazos… habrá más balazos

Staff/GC
Posted on abril 13, 2019, 7:00 am
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Los elementos militares que desarrollan actividades de seguridad en el país son letales; en zonas calientes no se andan por las ramas y, en sus acciones, se han llevado entre las botas a civiles que ni la deben ni la temen.

En marzo de 2018, durante enfrentamientos entre presuntos integrantes delincuentes y efectivos de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una familia que se trasladaba en automóvil durante la madrugada a su domicilio fue agredida por los elementos castrenses desde un helicóptero.

El resultado fue dos niñas –de 6 y 4 años de edad- muertas. La madre de las menores, de 28 años, también murió a causa de las balas de los militares.

La Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) -ya envió este año una recomendación al secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán- descubrió que los disparos no tuvieron el objetivo de “disuadir, sino se tradujeron en uso arbitrario de la fuerza letal, al incumplir los principios de estricta necesidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad”.

Las víctimas no recibieron labores de auxilio de parte de sus agresores, quienes supuestamente han sido destacados para proporcionar seguridad a los civiles.

También en Nuevo Laredo el Comité de Derechos Humanos local tiene registrado el asesinato de un padre de familia por parte de elementos del Ejército.

La víctima, esposo y padre de tres hijas, recibió un disparo en la cabeza cuando buscaba materiales para la construcción con un compañero del trabajo.

Después de dispararle, los mismos militares llamaron a una ambulancia y custodiaron el traslado, primero al Hospital San José y luego al Hospital General, pero en los dos nosocomios negaron la atención por la gravedad de la herida.

El hombre falleció el 6 de febrero.

Y es que aunque se declare lo contrario, el país se encuentra en un escenario de guerra. Y es tal, que el despliegue de elementos federales para atender la inseguridad que permea en todo el territorio nacional se ha incrementado de 37,253 elementos en 2006 a 50,000 con la entrada de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Ese uso de la fuerza letal por parte de los elementos militares desplegados en tareas de seguridad se ha manifestado y en algunos casos incrementando

El “Índice de letalidad 2008-2014: menos enfrentamientos, misma letalidad, más opacidad”, que calcula al número de civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos, arroja índices de letalidad sumamente altos.

“Con los datos oficiales calculamos que para el periodo 2007-2014 la Policía Federal tiene un saldo en enfrentamientos de 4.8 civiles muertos por cada civil herido, mientras que en el Ejército llega a 7.9”, señala el estudio elaborado por los expertos Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas.

El estudio advierte que, en el caso del Ejército, el índice de letalidad aumentó cada año de 2007 (1.6) a 2012 (14.7), “en lo que parece haber sido un aprendizaje en la impunidad del uso de la fuerza letal durante la administración de Calderón”.

Los investigadores destacan un lastre que cargan las instituciones de seguridad y el aparato gubernamental en general: la opacidad.

Respecto a la Marina, señalan que la información proporcionada por esa institución no permite calcular el índice de letalidad dado que en la columna de “civiles heridos” señaló “sin datos” en 85% de los enfrentamientos reportados.

No obstante, con base en información de prensa, los especialistas calculan que el índice de letalidad de la Marina ha permanecido siempre en valores muy elevados: 25 en 2010, 14.7 en 2011, 36 en 2012, 16.5 en 2103 y 74 en 2014.

En números brutos, el estudio de Silva Forné, Pérez Correa y Gutiérrez Rivas (con base en notas de prensa) señala que de 2008 a 2014 elementos del Ejército causaron la muerte de 1,755 civiles e hirieron a 169. Índice de letalidad: 10.4.

En el mismo periodo, hubo 320 civiles muertos a causa de los efectivos de la Marina y 19 heridos. Índice de letalidad: 16.8.

En el caso de la Policía Federal hubo 533 civiles muertos contra 79 civiles heridos para dar un índice de letalidad de 6.6.

Los especialistas exponen que existe una creciente opacidad en la información oficial disponible y serias carencias (todavía, la ley prometida no ha sido aprobada) en el marco legal que regula el uso de la fuerza.

Actualmente existe una controversia entre una coalición de activistas, periodistas y ONGs y la Secretaría de la Defensa, pues ésta se niega a proporcionar informes relacionados con enfrentamientos entre militares y grupos de crímenes organizados, incluidas las estadísticas sobre muertes y lesiones de civiles por parte de las fuerzas armadas desde el año 2006 a la fecha.

La Sedena se ha negado a cumplir la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para entregar la información, y apenas este 11 de abril rechazó entregar la información bajo el pretexto de que no existen esos informes.

En este contexto, durante la conferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, fueron presentados los militares que llevarán las riendas de la Guardia Nacional.

La Comandancia de la Guardia Nacional quedará a cargo del General de brigada Luis Rodríguez Bucio y como integrantes de la “Coordinación Operativa Institucional” -que a decir del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, es un órgano intermedio entre el secretario y el comandante de la Guardia Nacional- el General de brigada Xicoténcatl de Azolohuoa Núñez Márquez; el Contralmirante de Infantería de Marina Gabriel García Chávez, y la Comisaria de la Policía Federal Patricia Rosalinda Trujillo Mariel.

Excélsior difundió que los militares de la Guardia Nacional, de acuerdo con la iniciativa sobre su operación enviada al Senado, tendrá facultades para investigar a nivel ministerial, realizar inteligencia, hacer operaciones encubiertas, intervenir servicios de telecomunicaciones, cuidar penales, detener migrantes, vigilar caminos, carreteras, puentes, aduanas, garitas, aeropuertos e incluso la red pública de internet.

Otra ley que se puso ayer a consideración del Senado es la que reglamentará el uso de la fuerza. En ella se establece que los cuerpos de seguridad podrán “responder con fuerza letal” cuando un sujeto o un grupo de personas los amenacen con medios que también impliquen una amenaza letal señala la información de Excélsior.

De acuerdo con el “Índice de letalidad 2008-2014” si el uso de la fuerza letal ocurre en un contexto de “guerra”, sin que se genere información y se investigue sancionando el mal uso, es probable que dicho uso muestre incrementos, conforme aumente la activa participación en tareas de seguridad pública de fuerzas militares.

“Yo debo antes de iniciar, advertir algo; es decir, yo tengo 24 horas escasas de saber de mi nueva
designación. Mi anterior función exigía mi tiempo, mi esfuerzo, de manera que de muchas cosas
no estoy totalmente enterado. Ayer ya inicié un proceso de inmersión en mi nueva función
y yo espero que un tiempo muy corto pueda tener ya el conocimiento que creo que tienen; es más,
muchos de ustedes creo que conocen mucho mejor el desarrollo que lleva hasta ahorita
lo que es la creación de la Guardia Nacional”.

General Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional

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